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Hay políticos de derecha y de izquierda que creen que se debe negociar con criminales. Es una política que puede estar equivocada, pero es una decisión soberana que puede responder a una visión social o a razones tácticas. Ahora ha quedado claro que los únicos que pueden hacer arreglos con criminales son los fiscales estadounidenses, el resto corren riego de ser procesados por la justicia norteamericana usando a los criminales de testigos.

En el caso de que se solicite la extradición de un mexicano, es importante que se cumplan los requisitos establecidos en la Constitución mexicana, que establece que ningún mexicano podrá ser entregado a un país extranjero para ser juzgado por delitos políticos o militares.

La extradición en estos casos puede ser más complicada debido a la dificultad para rastrear a los delincuentes y la falta de acuerdos internacionales específicos para estos delitos.

Es un instrumento de defensa de la sociedad internacional; un mecanismo reglamentado de cooperación penal que busca la salvaguardia social contra la impunidad del delito y el crimen, configurando un esquema socio–jurídico que proporciona eficacia y eficiencia a la justicia punitiva, impidiendo que un delincuente que se refugia en un país extranjero quede sin penalización por la infracción que cometió. Por medio de este instituto jurídico, un Estado denominado requirente solicita de un Estado denominado requerido, la entrega de un presunto delincuente o convicto que se encuentra en su territorio para juzgarlo o para sancionarlo. También es una institución de asistencia jurídica que se desarrolla esencialmente en el plano internacional; confirma la soberanía estatal en el orden penal; confronta las pretensiones de diferentes soberanías estatales y en virtud de ella, se hace forzoso el reconocimiento del derecho de un Estado en detrimento del derecho de los demás.

La asesoría jurídica para presos en España es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de estas personas y para proteger sus derechos.

Una vez recibida la solicitud, la autoridad mexicana competente evalúa la misma para determinar si cumple con los requisitos establecidos por la ley. Si la solicitud es aceptada, se inicia el proceso de extradición.

En segundo lugar, se realiza un amplio recuento histórico de las conferencias y convenciones internacionales en materia de extradición o relacionadas con el tema, celebradas durante los siglos XIX y XX, tanto a nivel mundial como a nivel regional, resaltando los esfuerzos realizados en el continente americano para lograr la sistematización de las normas que regulan el procedimiento de extradición.

El proceso de extradición en México se divide en tres etapas: la etapa de inicio, la etapa de admisibilidad y la etapa de resolución. Etapa de inicio

Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Prevalent Legislation, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano–germánica o Civil Regulation que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar weblink a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.

A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.

Más allá de los grandes instrumentos jurídicos en materia de delitos y crímenes internacionales en los que se establece la obligación de los Estados de perseguir, sancionar o extraditar a los responsables individuales de tales conductas, la comunidad internacional aún carece de un instrumento jurídico de vehicleácter mundial en materia de extradición; los pasos más importantes al respecto se han dado en el ámbito regional mediante la adopción de la Convención Interamericana de Extradición de 1933 y de la de 1981, y el Convenio Europeo de Extradición de 1957.

Es importante destacar que el proceso de extradición puede llevar tiempo y puede estar sujeto a apelaciones y otros procedimientos legales. Además, cada caso puede tener particularidades y circunstancias especiales que pueden afectar el proceso.

Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso Extradición México Grecia de la Convención de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.

Los requisitos que se deben cumplir para formular una solicitud de extradición nacen de los Tratados Internacionales en la materia y a falta de éste, en lo dispuesto por la Ley de Extradición Internacional, así como weblink en el principio de reciprocidad internacional.

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